En el New York Times se elogia la política de DD.HH. de Argentina y Chile

Acá puede leerse la nota original, escrita por Kathryn Sikkink, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota.

El tiempo se acaba para los ex gobernantes acusados de asesinato, genocidio y crímenes de lesa humanidad. En los últimos meses, los últimos criminales de guerra fugitivos de Serbia fueron extraditados a La Haya, comenzó en El Cairo el juicio al ex presidente de facto egipcio Hosni Mubarak, y la Corte Penal Internacional comenzó el proceso por la violencia que se produjo después de las elecciones en Kenia en 2007-2008.

Estas noticias han provocado un coro de voces escépticas hacia los juicios, quienes sostienen que la amenaza de procesamientos judiciales debilita la democracia, exacerba el conflicto y podría conducir a violaciones aún mayores de los DD.HH.

Los críticos afirman que la amenaza de ser juzgados conduce a dictadores como el coronel Muamar Gadafi de Libia, y Omar Hassan al-Bashir de Sudán, a aferrarse al poder en vez de negociar una transición a la democracia. En El Salvador, donde los tribunales locales se han negado a extraditar a los oficiales responsables del asesinato de sacerdotes jesuitas veintidós años atrás, los críticos afirman que los procesos judiciales debilitarían la estabilidad y la soberanía.

Pero no sabemos a ciencia cierta si las extradiciones desestabilizarán a El Salvador, o si Sudán y Libia estarían mejor de lo que están ahora si la Corte Penal Internacional no hubiera acusado a Bashir o a Gadafi.

En verdad esos argumentos dependen de que se prueben o refuten situaciones contrafácticas. Si bien la acusación de la Corte Penal Internacional probablemente haya dado motivos a Gadafi para pasar a la clandestinidad después de ser derrocado, no sabemos si sirvió para acortar o prolongar sus últimos días en el poder.

La evidencia histórica y estadística nos da motivos para cuestionar las críticas a los juicios por delitos de lesa humanidad. Mis investigaciones muestran que los países en transición —aquellos que están pasando de un gobierno autoritario a uno democrático o de una guerra civil a la paz— en donde han tenido lugar juicios por delitos de lesa humanidad se han vuelto ulteriormente menos represivos que los países en transición en donde no ha habido juicios.

Comparando a países como Argentina y Chile, que han impulsado juicios por crímenes de lesa humanidad, con países como Brasil, que no lo han hecho, observé que los juicios no tendían a exacerbar las violaciones a los DD.HH., debilitar la democracia o generar violencia.

De 100 países que atravesaron transiciones entre 1980 y 2004 (el período para el cual se cuenta con datos confiables), 48 llevaron a cabo al menos un juicio por crímenes de lesa humanidad, y 33 han impulsado dos o más. Los países que han procesado a sus ex gobernantes exhiben menores índices de casos de torturas, ejecuciones sumarias, desaparición forzada de personas y prisioneros políticos.

Esta evidencia no nos permite predecir qué ocurrirá en cualquier país particular, pero es una mejor base que una especulación contrafáctica. La posibilidad del castigo y la vergüenza pública hace que violar los DD.HH. sea más costoso, y disuade a los futuros líderes de hacerlo.

Desde los últimos juicios de Nuremberg en 1949 hasta la década de 1970, era prácticamente imposible que los jefes de Estado y los funcionarios gubernamentales tuvieran que responder por sus violaciones a los DD.HH. Pero en las últimas dos décadas, la posibilidad de que se produzca un castigo se ha incrementado, y puede que los nuevos gobernantes se muestren más cautelosos antes de asesinar o torturar a sus opositores.

Además, los juicios parecen proyectar cierto efecto disuasor a través de las fronteras. Si varios países de una región realizan juicios, los países cercanos suelen mostrar un descenso en el nivel de represión, aún si no han hecho juicios.

En América Latina, los jóvenes militares solo necesitan ver el ejemplo de Argentina y Chile, en donde 81 y 66 sujetos, respectivamente, han sido condenados por crímenes cometidos durante las últimas dictaduras militares, para aprender la lección de que la posibilidad del castigo es mucho más grande que en el pasado. Esto puede ser una explicación de por qué los golpes militares son ahora tan esporádicos en la región.

También la imagen de Mubarak encerrado en una jaula frente a un tribunal de El Cairo podría disuadir a otros gobernantes de la región que están planeando implementar medidas represivas contra su población. Esto no puede servir de mucho con Bashir o con el presidente de facto Bashar al-Assad de Siria, quienes ya están demasiado profundamente involucrados en la represión violenta y es poco probable que den marcha atrás. Pero la historia de los dictadores muestra que muchos se aferran al poder a cualquier costo, así que es difícil argumentar que la amenaza de ser juzgados es la única responsable de su poder interminable.

Esto no significa que todos los gobiernos deban comenzar inmediata y simultáneamente juicios de gran alcance. El deseo de justicia es persistente, y si las condiciones políticas para los juicios no están dadas inmediatamente después de una transición democrática, tales juicios pueden ser realizados más tarde.

Camboya logró sus primeras condenas por crímenes de guerra en 2010, más de treinta años después de los horrores de los campos de concentración. Y los tribunales uruguayos tardaron veinte años en sentenciar al dictador Juan María Bordaberry por violaciones a los DD.HH. Bordaberry murió este verano en su hogar, en donde estaba cumpliendo una sentencia de 30 años por el asesinato de opositores.

Nunca ha sido fácil para ningún país confrontar a su propio pasado. Casi todos los líderes, cuando enfrentaban reclamos de este tipo, han querido “dar vuelta la página” y “mirar hacia el futuro”. Pero las demandas de justicia son robustas, y los países que han castigado a sus ex gobernantes han salido fortalecidos casi siempre.

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